El Departamento de Salud, a través de la Secretaria de Salut Pública, tramita en Cataluña las solicitudes del certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, un documento que acredite, de acuerdo con el procedimiento establecido, determinadas enfermedades vinculadas a la exposición al amianto y reconocidas por la normativa estatal. Hasta ahora, más de una treintena de personas ya han realizado la solicitud del certificado.
Este procedimiento se enmarca en la ley 21/2022, de creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, y en el Real decreto 483/2025, que regula los requisitos y el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las personas afectadas.
A Cataluña, la Orden SLT/206/2025 crea el Comité de Valoración de las Víctimas del Amianto, integrado en el Departamento de Salud mediante la Secretaría de Salud Pública. Este comité es el órgano encargado de comprobar las patologías mediante la documentación presentada por la persona interesada, su representante legal o sus causahabientes, y de emitir el dictamen necesario para que la Secretaría de Salud Pública resuelva sobre la emisión del certificado.
Las patologías que pueden ser objeto de reconocimiento son el mesotelioma, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe y la asbestosis con repercusión funcional moderada o severa, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 483/2025.
La solicitud se puede presentar de forma telemática, a través del trámiteCertificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, disponible en la web de la Generalitat de Cataluña. También se puede presentar presencialmente en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana.
El plazo para tramitar el procedimiento de emisión del certificado es de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro competente.
La compensación económica se tramita posteriormente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano competente para reconocer el derecho y gestionar su pago.
Actualmente, el Real decreto 483/2025 despliega efectos para las personas que hayan obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, derivada de una contingencia profesional causada por alguna de las patologías previstas y ocasionada por la exposición al amianto.
Para el resto de supuestos, los efectos se producirán en función de lo que establezcan las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.
